Por: Maira Alejandra Jiménez
Analista de Impuestos
Aptar Cali SAS
En un momento histórico de la economía colombiana, y general, de las finanzas mundiales como resultado de la inadvertida pandemia del Covid-19, la pregunta sobre el panorama fiscal en el año 2021 y los planes de acción del Estado colombiano sobre la materia, es un asunto que cobra gran relevancia tanto desde la óptica del Gobierno nacional, como para la población colombiana afectada transversalmente a raíz de las implicaciones económicas y de salud que ha traído consigo la crisis sanitaria.
El desbalance fiscal jalonado por dos tensiones opuestas: menores ingresos por vía de recaudo tributario y mayores gastos por el incremento de los programas sociales para atender el impacto de la emergencia sanitaria, da como resultado un déficit en Colombia que se encuentra en el orden del 7% del PIB, el más grande en la historia del país.
En consecuencia, Colombia incrementó su nivel de deuda pública durante el año 2020 en alrededor de 16 puntos porcentuales del PIB; esto deriva otro aspecto fundamental que hace hincapié en la necesidad de tomar medidas para equilibrar las finanzas estatales, y es la calificación crediticia internacional. Si las calificadoras disminuyen la puntuación del país, se perdería un grado de inversión que, al final, terminaría por erosionar aún más la economía local.
A la luz de este contexto desfavorable para el fisco, no parece existir otro camino que una reforma tributaria que ayude a sopesar las mayores demandas de gasto que el país debe asumir, y que, según el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, sería presentada en el Primer Trimestre del 2021.
En este sentido, se han venido tejiendo algunas propuestas para los ajustes tributarios que el país debe implementar; si bien aún no vienen de un texto formal del Gobierno, surgen planteamientos por parte de la Academia y consideraciones que están siendo analizadas por parte de la Comisión de Expertos en los meses de enero y febrero del presente año.
Ahora bien, ¿cuáles serán las medidas que se estarían proyectando en el marco de la reforma tributaria?
En materia del impuesto sobre la renta, uno de los focos es ampliar el universo de contribuyentes a cargo de este impuesto, que de acuerdo con ANIF, hoy corresponde al 4.5% de las personas que comprenden el mercado laboral. La estrategia apunta a las personas naturales como fuente para incrementar el flujo de recursos hacia el Estado, disminuyendo el tope de ingresos a partir del cual se debe empezar a declarar, y en esa misma vía, aumentando la base gravable generadora del impuesto. Otra de las grandes consideraciones son las exenciones tributarias que, según la DIAN, le cuestan al país alrededor de $92 billones anuales. Así, se propende por eliminar la multiplicidad de tratamientos diferenciales que inciden de forma directa en la progresividad del sistema tributario.
En lo concerniente al IVA, se concibe la ampliación de la base gravable hacia los productos de la canasta familiar, considerando también las diversas exenciones del tributo que menoscaban su participación en las rentas públicas. No obstante, este impuesto es en esencia regresivo, por lo que los más afectados son los hogares vulnerables. Por lo anterior, la comisión de académicos que presentaron al Gobierno una propuesta de reforma tributaria, sugieren la creación de una sobretasa con base en los gastos de consumo de los hogares más favorecidos, siendo recaudada vía impuesto sobre la renta.
Otra de las variables que se aluden en la nueva fórmula tributaria son los impuestos verdes, a través de la ampliación del hecho generador del gravamen por emisiones de gases derivados del consumo de combustibles fósiles, creada con la Ley 1819 de 2016. El objetivo sería aumentar progresivamente la tarifa del impuesto, y gravar las emisiones del CO2 producto del gas natural y del carbón, que actualmente se excluyen del hecho generador.
Del lado de la economía digital, se han enunciado alternativas que buscan implementar un nuevo impuesto que asegure que compañías como Facebook o Google estén sujetos a una tributación mínima por los servicios que reciben los usuarios en el territorio colombiano.
Adicionalmente, se estudian los contratos de estabilidad jurídica, y el laxo otorgamiento de licencias de zonas francas que perforan el recaudo en tarifas arancelarias, IVA y renta.
En síntesis, si bien la necesidad de reformular el esquema tributario actual es ineludible por cuenta de la coyuntura económica, la otra realidad innegable es la de los contribuyentes, trabajadores y empresarios que se han visto significativamente afectados por las caídas en el consumo, la productividad, las medidas restrictivas y el desempleo, que en la labor de mantenerse a flote no pueden sostener una carga tributaria adicional. El gran reto en medio de la crisis es plantear medidas fiscales que, además de recursos, generen una equidad en el sistema para el progreso colectivo del país.
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