Por: Alejandra Ramirez López Alvaro José Henao Mera
Grupo de Conceptos y Asuntos Legales Director General
Manglar Abogados S.A.S Manglar Abogados S.A.S
La consolidación de compromisos frente a los asuntos ambientales en el sector privado y la creciente importancia de la sostenibilidad corporativa, son el reflejo de las insistentes demandas tanto del consumidor como de las nuevas políticas públicas enfocadas en robustecer una economía que, en aras de conservar su productividad y competencia, pueda tomar un rumbo que incluya un modelo de conservación eficiente de los recursos naturales.
Este nuevo modelo de fortalecimiento económico y ambiental, denominado como economía verde por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), propone un cambio gradual en los patrones actuales de crecimiento que incluye (i) La eficiencia en el uso y manejo de los recursos naturales, (2) la innovación e inversión en la promoción de industrias verdes y en la conversión de industrias altamente contaminantes en industrias verdes y (3) la sostenibilidad del crecimiento.
Sin duda, estos patrones de crecimiento han venido siendo adoptados de manera gradual por parte del Gobierno Nacional (en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) quien en los últimos años, apalancados del concepto de crecimiento verde, han expedido normas que buscan garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, y el establecimiento de límites permisibles mucho más estrictos. Un ejemplo de lo anterior es las actuales normas relacionadas con envases y empaques, vertimientos, calidad del aire, y los proyectos normativos que se trabajan relacionados con emisiones atmosféricas, calidad del agua, economía circular, entre otros.
Estos cambios y ajustes normativos necesarios para fortalecer la política, han implicado que desde los diferentes sectores productivos, se realicen de manera constante, ajustes en la operación y el diseño de productos, para poder no solamente cumplir con los parámetros y límites permisibles en materia ambiental, sino para atraer nuevos consumidores que cada día buscan que los productos que consumen hayan sido el resultado de procesos sostenibles y amigables con el medio ambiente.
Bajo esta perspectiva, Colombia ha afianzado la política fiscal-ambiental que delinea diferentes beneficios tributarios para aquellas inversiones que implique mejoramiento o control del uso de los recursos naturales, incluso en los casos en que dichas inversiones sean necesarias para el cumplimiento de las disposiciones normativas. Así, por ejemplo, actualmente encontramos descuentos y deducciones sobre el impuesto de renta, exenciones al valor agregado (IVA) y exclusión de derechos arancelarios.
A pesar de lo anterior, dichos beneficios son poco utilizados en el sector empresarial, por lo cual es importante asumir y superar los retos que las mismas suponen, relacionados con falta de coordinación de las distintas autoridades involucradas, la complejidad y desconocimiento de sus procedimientos e incluso las interpretaciones normativas erróneas sobre el marco jurídico que los rige. Situaciones que sin duda pueden ser superables, mediante el uso continuo y constante de estos instrumentos.
Por eso, es importante insistir en la ejecución de estas opciones dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta que durante los últimos años el panorama normativo ha fluctuado y se han gestado avances en la materia, en especial hacia la transición en energías renovables, la implementación de medidas para el control y mejoramiento ambiental, y, se han ampliado los sectores productivos dentro de los cuales es plausible acceder a estos beneficios mencionados.
En un escenario de reactivación económica ante los tropiezos que ha supuesto la emergencia sanitaria, los estímulos a la inversión ambiental son imperativos y tendrán un lugar prioritario en el panorama tributario de este año, en la medida en que el sector privado considere que el mejoramiento de los procesos productivos y el cumplimiento de las prerrogativas normativas ambientales no solo repercuten en la efectiva protección ambiental, necesaria para garantizar los diferentes procesos productivos, sino también para tomar acciones propositivas que redudan en crecimiento en términos de rentabilidad yuna mejor percepción frente al consumidor que cada día se preocupa más por la protección de nuestros recursos naturales.
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