El recaudo de impuestos entre enero y noviembre tuvo un descenso anual del 17 por ciento.
Por : Portafolio.co
Hasta el lunes, cuando se hablaba de la necesidad de una reforma tributaria, la posición del Gobierno era que un cambio en este sentido debería hacer parte de un proyecto de ajuste fiscal, que involucre reducción del gasto público, pero sin fechas concretas sobre la presentación del texto al Congreso de la República.
Pero esta semana, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que una vez se tengan insumos como el de la Comisión de Expertos que revisa cinco aspectos del estatuto tributario, entre ellos las exenciones, y se haga una socialización con diferentes actores, el proyecto de ley se presentará en el primer trimestre de 2021 al Legislativo, con lo cual los cambios comenzarían a regir en el 2022. Si bien Carrasquilla sostuvo ante medios que todavía no hay detalles sobre el proyecto, la explicación de la necesidad de ajuste del estatuto tributario es conocida y sencilla: el costo de atender la mitigación de la pandemia. Debido al covid-19, el Gobierno no solo tuvo una reducción del recaudo de impuestos, al punto de que fijó una meta más baja para el año, sino que debió aumentar el gasto público para adoptar las medidas de mitigación, con rubros como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), para subsidiar el pago de las nóminas de las empresas, o las ayudas del Ingreso Solidario, dirigidas a los independientes, que no recibían apoyos y no estaban entre la población más pobre, pero sí resultaron afectados. Para ello, y ante un presupuesto limitado, se aumentó el endeudamiento de la Nación a fin de continuar los programas de gasto de emergencia. Si bien estos recursos no hay que pagarlos en el corto plazo, según el ministro Carrasquilla, es necesario ir buscando sus fuentes. Con datos del Ministerio de Hacienda, el centro de estudios económicos Anif estima que este año las medidas de mitigación ejecutadas pasarán los 19 billones de pesos (10,6 billones se irán en el Paef y en Ingreso Solidario), y la deuda bruta del Gobierno central, como proporción del PIB, saltará de 50,3 por ciento en 2019 a 66 por ciento en 2020, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda. Entre tanto, el recaudo de impuestos entre enero y noviembre tuvo un descenso anual del 17 por ciento, al llegar a 102,4 billones de pesos, de acuerdo con estadísticas de la Dian. Incluso, iniciando diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el país ya recibió los 5.400 millones de dólares bajo la línea de crédito flexible por 17.600 millones de dólares, para satisfacer las necesidades de la balanza de pagos y dar apoyo a la respuesta a la pandemia. Además, según Anif, antes del covid-19 Colombia tenía un déficit fiscal estructural de al menos dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), y el impacto de esta situación llevará para el 2030 el faltante a un rango entre el 8 y el 10 por ciento del PIB, lo cual hará necesario no solo los ajustes en el gasto, sino por el lado del ingreso (impuestos), donde el país está rezagado frente a otros países. Con datos del Ministerio de Hacienda y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Anif muestra que mientras en América Latina el recaudo tributario como porcentaje del PIB está en el 24 por ciento (tomando los datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay), mismo nivel que en Estados Unidos, el de Colombia llega al 19 por ciento del PIB y en los países de la Ocde es del 34 por ciento. TRABAJO PREVIO Si bien el Gobierno no tiene aún un texto definitivo, según pudo confirmar EL TIEMPO, los análisis preliminares se hacen para saber por dónde buscar recaudo, teniendo en cuenta que, como lo dijo Carrasquilla, Colombia se diferencia de varios países parecidos al tener muchas exenciones tributarias, algunas en los impuestos de renta corporativos, otras en el tributo de renta de las personas, pero la mayoría en el IVA, “con un argumento cierto, y es que es impuesto regresivo”. Esto porque las personas más pobres pagan en IVA una mayor proporción de su ingreso que las más pudientes y el IVA los afecta en mayor medida, argumento que “cambia bastante” en la medida en que se puede devolver el IVA a los más pobres. Desde el 18 de agosto, la Comisión de Expertos trabaja en cinco ejes que son revisados por 10 expertos, cinco extranjeros y cinco representantes del Gobierno, en cinco mesas, cada una presidida por uno de los expertos extranjeros, con una reunión por mes para preparar los insumos que son discutidos en sesiones plenarias. La primera mesa tiene a cargo la revisión del impuesto de renta de las empresas, analizando las exenciones sectoriales; efectos en la eficiencia, la inversión y el crecimiento económico; y la evaluación de las deducciones o rentas exentas de los descuentos, asociados al impuesto. Por su parte, la segunda está revisando los impuestos de renta a personas naturales y los dividendos; y está concentrada en evaluar la progresividad asociada a las rentas exentas, los descuentos y las deducciones de los hogares, al tiempo que mirará la tarifa efectiva de tributación y los impuestos a la nómina. La tercera mesa tiene a su cargo los incentivos para el campo y los ingresos no constitutivos de renta; la cuarta, los temas relacionados con IVA y los tratamientos especiales frente a este tributo, mientras que la quinta tiene foco en el comercio internacional, en particular el tratamiento preferencial que se les da a las zonas francas, en comparación con otros países. Y mientras la Comisión de Expertos estudia estos temas, cifras del Ministerio de Hacienda tomadas por el centro de estudios económicos muestran que de un nivel de 7,7 por ciento del PIB en el 2015, las exoneraciones en impuestos llegaron a 8,7 por ciento del PIB en 2019 (91 billones de pesos) y, de este total, 7,7 puntos porcentuales están en el IVA, sumando 74 billones de pesos cada año, de los cuales 61,2 billones de pesos están representados en los bienes y servicios excluidos. EXPERTOS PLANTEAN LAS RUTAS A SEGUIR Para Horacio Ayala, exdirector de la Dian, las reformas del IVA deben apuntar a estimular la producción y consumo de materias primas nacionales. “Creo que las devoluciones del IVA en el fondo son subsidios, que merecen una mayor ponderación. Se justifica mantener desgravados los alimentos básicos sin procesos y las medicinas. De ahí en adelante es difícil el control”, indicó. Para el experto, el comercio de bienes y materias primas procesadas, además de los servicios no esenciales, son los sectores en los que la exención del IVA se refleja menos en creación de empleo y crecimiento. Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, cree que la reforma deberá incluir cuatro cosas fundamentales: más personas contribuyendo con el impuesto de renta, cada uno según su capacidad de pago; eliminar la gran mayoría de exenciones tanto en renta como en IVA; reducir parafiscales y fortalecer los impuestos verdes. El centro de estudios económicos Fedesarrollo, que iniciando año le presentará al Gobierno una propuesta de reforma estructural, señala que también seguramente se deberán revisar las exenciones a empresas, especialmente las sectoriales, para tener un estatuto tributario más simple y que se aplique de forma general a todas las empresas, y no como hoy en día, que cada sector pareciera tener un estatuto tributario particular. Luis Fernando Mejía, director de esta institución, explica, por ejemplo, que hoy en día el impuesto de industria y comercio (ICA) a nivel territorial, que se está descontando en su totalidad contra el impuesto de renta desde este año, le cuesta al Gobierno más o menos medio punto del PIB, algo más de 5,28 billones de pesos. Y en renta de personas naturales, advierte que las prácticas de evasión y elusión le siguen costando billones al país, no solo porque la informalidad laboral hace que muy pocas personas y empresas paguen impuestos, sino porque aún hay muchas personas, especialmente las más ricas, que usan mecanismos para no pagar impuestos.
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