Congreso de EE.UU. analiza el futuro de la relación con Colombia: un nuevo comienzo con Colombia, pero espera avances concretos
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- hace 2 días
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La audiencia presidida por la representante María Elvira Salazar reflejó una disposición favorable a relanzar la alianza bilateral con el gobierno entrante. Sin embargo, congresistas demócratas y republicanos dejaron claro que el respaldo de Estados Unidos estará compañado de avances concretos sobre seguridad, narcotráfico, derechos humanos, cooperación migratoria, inversión y rendición de cuentas.
Colombia volvió a oírse en el Congreso de Estados Unidos. La audiencia titulada A New Beginning for Colombia, convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes y presidida por María Elvira Salazar, dejó un mensaje tan optimista como exigente: existe una oportunidad política para reconstruir la relación bilateral, pero Washington espera resultados. En este espacio, AmCham Colombia estuvo presente y siguiendo de cerca las discusiones y aportando a la comprensión del momento que atraviesa la relación bilateral.
La sesión contó con la participación de F. Cartwright Weiland, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado. Entre los congresistas presentes estuvieron Joaquín Castro, Gregory Meeks, Greg Stanton, Dina Titus, Jonathan Jackson y Debbie Wasserman Schultz.
Salazar inauguró la audiencia destacando la elección de Abelardo de la Espriella y su intención de reconstruir una relación estrecha con Estados Unidos. La congresista presentó el resultado electoral como una oportunidad para fortalecer la democracia, la seguridad, la libertad y la prosperidad en el hemisferio, y anunció la presencia en el Capitolio de varios integrantes del próximo gobierno colombiano.
La audiencia trascendió el respaldo político y abrió una discusión de fondo sobre las prioridades, condiciones y compromisos que definirán el nuevo entendimiento bilateral.
Seguridad y narcotráfico: la prioridad inmediata
La discusión sobre seguridad y narcotráfico comenzó con la intervención de F. Cartwright Weiland, quien aseguró que hasta el 94 % de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene origen colombiano y que al menos cinco organizaciones designadas por Washington como terroristas operan en el país. Advirtió, además, que el potencial de producción de cocaína supera ampliamente la capacidad actual de interdicción.
El Departamento de Estado presentó una agenda inmediata para el próximo gobierno:
reducción agresiva de los cultivos de coca, utilización de drones para erradicación, destrucción de laboratorios, incremento de incautaciones, reactivación de extradiciones suspendidas, combate contra las finanzas ilícitas y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.
La palabra que atravesó toda la audiencia fue resultados. El respaldo estadounidense se
plantea una cooperación en intereses comunes con cumplimiento de resultados.
Las preguntas que marcaron la audiencia
¿Cómo recuperar la capacidad aérea colombiana?
Pregunta de María Elvira Salazar (republicana, Florida) a F. Cartwright Weiland.
La presidenta del subcomité planteó la preocupación por el deterioro de la capacidad
operacional de la Fuerza Pública y preguntó qué podría hacer Estados Unidos para apoyar su
recuperación.
Weiland respondió que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos cuenta con
instrumentos que pueden ampliarse rápidamente. Destacó la operación conjunta de una flota
de 29 helicópteros Black Hawk con la Policía Nacional y señaló que existe la posibilidad de
aumentar su capacidad. Según lo expuesto durante la sesión, estas aeronaves contribuyeron
durante el último año a incautar más de 400 toneladas métricas de cocaína y a afectar cerca de 200 objetivos de alto valor.
El funcionario recordó, además, que Estados Unidos continúa suministrando aeronaves,
embarcaciones, drones, sistemas antidrones, herramientas forenses e intercambio de
inteligencia a las autoridades colombianas.
¿Bases estadounidenses en Colombia?
Pregunta de María Elvira Salazar (republicana, Florida) a Luis Méndez y F. Cartwright
Weiland (Departamento de Estado).
Salazar preguntó si la administración estaba considerando la instalación de bases militares
estadounidenses en Colombia o algún tipo de presencia permanente.
Los funcionarios evitaron hablar de bases militares en el sentido tradicional. Explicaron que se estudian centros logísticos adelantados para apoyar a la Policía colombiana con equipos,
movilidad, comunicaciones y tecnología en territorios donde actualmente la presencia
institucional es insuficiente. No se planteó el despliegue permanente de tropas
estadounidenses, sino infraestructura de apoyo bajo conducción colombiana.
Precisión importante: el debate no giró alrededor de reemplazar la responsabilidad del Estado colombiano, sino de ampliar su capacidad para actuar en regiones dominadas por economías ilegales y organizaciones armadas.
¿Cuánto cuesta la estrategia antidrogas y qué resultados produce?
Pregunta de Gregory Meeks (demócrata, Nueva York) a F. Cartwright Weiland.
El congresista demócrata Gregory Meeks cuestionó la relación entre el costo de las operaciones marítimas contra el narcotráfico, para las cuales citó una cifra cercana a US$4.700 millones, y su impacto real sobre la oferta de cocaína.
Meeks preguntó si esas operaciones habían reducido la disponibilidad de la droga, elevado su
precio o disminuido su pureza en las calles estadounidenses.
Weiland respondió que las interdicciones realizadas por las autoridades colombianas se
encuentran en niveles históricamente altos. Sin embargo, no ofreció una estimación sobre el
porcentaje de la producción concluyente los señalamientos sobre la estabilidad del precio y la pureza de la cocaína.
El intercambio dejó una conclusión incómoda pero necesaria: aumentar las incautaciones no es suficiente si la producción crece todavía más rápido. Meeks reclamó indicadores que permitan medir no solamente cuántas toneladas se decomisan, sino cuánto cambia realmente el mercado criminal.
¿Qué ocurrirá con los recursos para comunidades afrocolombianas e indígenas?
Preguntas de Gregory Meeks (demócrata, Nueva York) y Jonathan Jackson (demócrata,
Illinois) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland.
Meeks exigió claridad sobre el uso de US$25 millones que el Congreso había ordenado dirigir
específicamente a comunidades afrocolombianas e indígenas. Insistió en que los recursos no
deberían diluirse dentro de programas generales y solicitó un plan detallado y mecanismos de seguimiento.
El representante Jonathan Jackson fue más lejos. Cuestionó la eliminación de cientos de
programas de USAID, entre ellos una iniciativa estimada en US$60 millones para estas
comunidades, y preguntó si la situación de seguridad había mejorado después de los recortes.
Méndez respondió que hay conversaciones en curso sobre los US$25 millones y subrayó que
las comunidades afrodescendientes e indígenas soportan una carga desproporcionada de la
violencia. Señaló que el trabajo para mejorar su seguridad forma parte de una estrategia
integral.
Los funcionarios explicaron que se está diseñando una estrategia más amplia para atender las necesidades de seguridad rural y fortalecer la presencia institucional. Reconocieron que
algunos programas anteriores terminaron y señalaron que el apoyo a estas poblaciones sería
incorporado dentro de una política integral. No obstante, no anunciaron la restitución del
programa cancelado ni presentaron durante la audiencia un esquema definitivo para ejecutar
los US$25 millones.
El debate puso sobre la mesa una tensión que probablemente continuará: mientras el Ejecutivo estadounidense busca concentrar la cooperación en seguridad y resultados, varios congresistas buscan preservar programas con destinatarios y objetivos sociales claramente definidos.
¿Respaldará Washington cualquier estrategia militar del nuevo gobierno?
Preguntas de Joaquín Castro (demócrata, Texas) a Luis Méndez.
Castro preguntó directamente si la administración había asumido algún compromiso, formal o informal, para apoyar operaciones militares en Colombia dentro de lo que se ha denominado un posible “Plan Colombia 2.0”.
Méndez respondió que el vicepresidente electo y su delegación se reunieron con el secretario
Rubio y que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico fueron áreas prioritarias. Añadió que también se discutieron oportunidades económicas y de inversión. Ante la insistencia de Castro sobre si existían compromisos concretos de recursos, Méndez señaló que esas conversaciones apenas comenzaron esta semana.
El congresista también preguntó por la postura frente al rechazo del presidente electo
colombiano a las negociaciones de paz. Méndez respondió que, en materia de desmovilización y combate a disidencias de las FARC, existe alineación. Castro replicó que el presidente electo parece rechazar el acuerdo en su conjunto, a lo que Méndez respondió que aún es temprano y que esperan conversaciones con la nueva administración.
Castro también preguntó por las consecuencias migratorias de un eventual cambio en la política colombiana hacia los migrantes venezolanos. Méndez reconoció el papel de Colombia
acogiendo a millones de venezolanos y sugirió que, en un escenario de transición en Venezuela, muchos podrían regresar.
¿Qué implican las “megacárceles” anunciadas por el presidente electo?
Pregunta de Greg Stanton (demócrata, Arizona) a F. Cartwright Weiland.
Greg Stanton preguntó si la administración había promovido otros enfoques para enfrentar a los grupos armados, incluyendo propuestas como grandes complejos penitenciarios.
Weiland respondió que Estados Unidos está dispuesto a discutir asuntos penitenciarios y que
cuenta con experiencia en infraestructura y administración carcelaria. Señaló que podrían
aportar recursos y experticia, siempre que Colombia también contribuya financieramente para compartir la carga.
La respuesta mostró que Washington podría acompañar una ampliación de la capacidad
penitenciaria, pero buscará que esta se desarrolle con controles institucionales, estándares
técnicos y participación financiera colombiana.
¿Puede la lucha contra los carteles convertirse en un conflicto armado?
Pregunta de Dina Titus (demócrata, Nevada) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland.
Dina Titus llevó la discusión al terreno jurídico al preguntar por los riesgos de que los ataques estadounidenses contra carteles designados como organizaciones terroristas terminen configurando un “conflicto armado no internacional”.
Los funcionarios evitaron respaldar un escenario operacional concreto. Sus respuestas se
mantuvieron alrededor de la cooperación con las autoridades colombianas, el intercambio de
inteligencia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
China, inversión y una nueva dimensión económica
Preguntas de Greg Stanton (demócrata, Arizona) a Luis Méndez y F. Cartwright Weiland.
Stanton preguntó qué riesgos representa para Estados Unidos la creciente presencia de China en Colombia.
Méndez respondió que fue positivo escuchar que el presidente electo colombiano ha señalado
que no participará en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Indicó que actualmente hay unas 600 empresas estadounidenses operando en Colombia y que podrían ser muchas más, presentando esa expansión como una forma de contrarrestar prácticas opacas asociadas a China.
Weiland añadió que la influencia china también se observa en redes de financiación ilícita
vinculadas a la República Popular China. Señaló que el Departamento de Estado está
desplegando herramientas forenses para detectar lavado de dinero y capacidades para
incautaciones de criptomonedas.
La discusión no estuvo limitada a drogas y seguridad. Luis Méndez advirtió que la creciente
presencia de China puede representar riesgos para la infraestructura crítica, las cadenas de
suministro y los sistemas digitales colombianos. Al mismo tiempo, presentó una oportunidad
para las empresas estadounidenses. Mencionó el comercio, la inversión, la energía y los
minerales críticos como áreas en las que Estados Unidos puede ofrecer asociaciones
transparentes, sometidas a reglas y compatibles con la soberanía colombiana.
Este fue posiblemente el mensaje más relevante para el sector empresarial: la agenda
económica dejó de ser un complemento de la relación bilateral para convertirse en una
herramienta de seguridad y competencia geopolítica.
Para Colombia, la oportunidad consiste en traducir la afinidad política en proyectos concretos, financiables y ejecutables. Para Estados Unidos, el desafío será demostrar que su oferta de inversión puede ser más rápida, competitiva y efectiva que las alternativas provenientes de China.
Una relación favorable, pero condicionada
La audiencia reveló diferencias importantes entre republicanos y demócratas. Salazar y los
representantes del Departamento de Estado destacaron la oportunidad de realineamiento
político y de cooperación con el nuevo gobierno. Meeks, Castro, Jackson, Stanton, Titus y
Wasserman Schultz insistieron en que la relación no debe depender exclusivamente de
afinidades ideológicas y reclamaron atención a los derechos humanos, la paz, las comunidades vulnerables y la eficacia del gasto.
Sin embargo, hubo una coincidencia de fondo: Colombia continúa siendo un socio estratégico para Estados Unidos y su estabilidad tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la migración, el comercio y el equilibrio geopolítico del hemisferio.
Washington está dispuesto a abrir un nuevo capítulo, pero bajo una fórmula diferente. La
amistad histórica seguirá siendo importante; no obstante, la profundidad de la cooperación se medirá ahora en inversiones movilizadas, responsabilidades compartidas y resultados que
puedan demostrarse ante el Congreso.
El “nuevo comienzo” anunciado por María Elvira Salazar es, por tanto, una oportunidad real.
Pero también es una prueba. Estados Unidos está abriendo la puerta; corresponderá a
Colombia demostrar, desde los primeros días del nuevo gobierno, que sabe cómo atravesarla.
Audiencia completa: A New Beginning for Colombia
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